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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta ha denunciado el acceso a la plantilla de la Benemérita en toda España de un número indeterminado de agentes imputados por diferentes delitos (sobre todo contra la salud pública –narcotráfico– y blanqueo de dinero) de «notable gravedad».
Según denunció la asociación mayoritaria del Instituto Armado «estos hechos no han sido detectados ni por los servicios de información ni por la Jefatura de estudios de la Benemérita», por lo que el colectivo ha demandado al Ministerio de Interior que aclare «inmediatamente» qué mecanismos se están aplicando para regular el acceso de nuevos guardias al Instituto Armado.
Los portavoces de la AUGC han detectado que «por lo menos» existen cuatro casos en Ceuta, aunque se han confesado «incapaces» de cuantificar el número de agentes imputados a nivel nacional. «Para hacer un censo fiable habría que repasar el historial de miles de guardias», han explicado, «y ese trabajo deben realizarlo las autoridades competentes».
«En este momento hay agentes prestando servicio en el Instituto Armado que, a pesar de que ahora se dedican a luchar contra la delincuencia y la corrupción, están imputados por su supuesta participación en esos mismos delitos que deben perseguir», han explicado desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil, cuyos portavoces han instado a Interior a que coteje los datos de que dispone la Asociación, obtenidos en muchos casos por agentes que en el ejercicio de sus funciones se han encontrado con compañeros de uniforme a los que en su día sancionaron.
La asociación ha puesto como caso paradigmático de su denuncia el de un individuo que ha entrado en la Guardia Civil a pesar de que antes de acceder al Cuerpo fue interceptado en el Puerto de Ceuta con cierta cantidad de hachís oculto con la intención de trasladarlo a la Península aprovechando que iba a realizar unas maniobras con el Ejército.

Investigación previa

La AUGC constituyó una comisión de seguimiento de este asunto durante varios meses antes de denunciarlo públicamente. En el curso de la misma han detectado en Ceuta varios casos de agentes que destinados en la ciudad con imputados en diversos procesos al otro lado del Estrecho, de lo que concluyen que «no existen informes ni investigaciones sobre las personas que quieren acceder al Cuerpo».
La asociación, que representa a más de 23.000 de los 70.000 guardias civiles que trabajan en España, ha exigido que se adopten «medidas de detección» para saber cuáles son los agentes que han sido sancionados por posesión de drogas en base a la Ley 1/92, ya que en su opinión «es chocante» que un funcionario del Instituto Armado persiga este delito cuando, al mismo tiempo, «se trata de un consumidor de sustancias estupefacientes», un hecho que el código interno de la Benemérita considera como falta grave.
En la AUGC barajan la posibilidad de que estos ingresos se hayan producido porque a pesar de estar imputados en diferentes procesos todavía no han sido condenados «o porque fueron condenados hace tiempo y sus antecedente de penales ya no los recoge porque han sido cancelados».
La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado que estudiará los datos que ponga a su disposición la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que también espera trasladar su denuncia personalmente hoy mismo a «algún responsable destacado» del Ministerio del Interior aprovechando la reunión que mantendrán esta mañana sus representantes en Madrid.

«Deben ser apartados del servicio»

En el informe elaborado por la AUGC también se cuestiona el filtro que existe para regular la entrada de soldados del Ejército español en la Guardia Civil. «Tenemos la impresión de que a la hora de intercambiar información sobre los soldados profesionales que piden su ingreso en el Instituto Armado no se está actuando con la diligencia necesaria», denunció el colectivo.
Según aseguraron los portavoces de la Federación Sur (que agrupa a los guardias civiles que ejercen su labor en Andalucía, Ceuta y Melilla) de la AUGC, a pesar de que los soldados se benefician de un mayor número de puntos que el resto de candidatos a un puesto en la Benemérita, «en algunos casos su preparación es bastante deficitaria y en otros disponen de antecedentes por asuntos vinculados a la salud pública».
Por ello la Asociación Unificada de la Guardia Civil exige que, ante el gran número de casos que entran en este perfil, haya «un mayor control de estos accesos» y mejore «el intercambio de datos entre ambas instituciones».
La asociación mayoritaria de la Benemérita continúa trabajando en la búsqueda de nuevos datos que sumar a los que ya posee sobre agentes y candidatos a entrar en el Cuerpo que tienen causas pendientes con la Justicia.
«Estos guardias deben ser apartados del servicio igual que se hace con un agente al que, estando en activo y sin falta alguna, se le abre expediente y se le cesa en el destino durante al menos un año hasta que se aclaren las acusaciones que pesan sobre él», considera la AUGC, cuyos representantes tratarán este asunto en el orden del día de la reunión que mantendrán en Madrid hoy mismo.