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Violar el secreto del sumario por parte de un policía se considerará falta muy grave y acarreará la suspensión de funciones de tres a seis años. El agente que infrinja esta norma será asimismo trasladado de su puesto. La vulneración del secreto profesional será falta muy grave o grave (suspensión de cinco días a tres años), según perjudique a la labor policial o a los ciudadanos y el abuso de atribuciones también se ajustará a esa gradación dependiendo de a quien se cause el daño, ciudadanos o Administración.

Estos son algunos de los conceptos nuevos que introduce el anteproyecto de ley orgánica sobre el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El texto, elaborado por el Ministerio del Interior, endurece algunas de las sanciones y así, aparte de las tres citadas, castiga con mayor firmeza las infracciones al régimen de incompatibilidades de los policías e incorpora como falta grave el incumplimiento de los plazos o procedimientos. Lo único que se suaviza se refiere a las faltas leves que dejarán de existir (ahora implican la suspensión de funciones de uno a cuatro días).

La nueva regulación sustituirá a la vigente desde 1986 que tuvo su desarrollo reglamentario en 1989. Desde entonces no se ha tocado ni una coma. Era una vieja reivindicación de los funcionarios, reclamada por los sindicatos policiales que consideran la actual normativa «excesivamente dura».

En diciembre de 2002 los sindicatos representados en el Consejo de la Policía pactaron un borrador con el PP, que fue ratificado un año después y nunca se materializó. El anteproyecto avalado ayer no ha sido consensuado y, además, «se ha desviado del espíritu del texto anterior, justo lo contrario de lo que nos anunció el Ministerio», explica el secretario general del CEP, Ignacio López, quien señala que «tras esta modificación injusta hay un antes y un después en las relaciones con Interior».

José Manuel Sánchez Fornet. secretario general del SUP, coincide en el diagnóstico: «Es un documento unilateral y más duro, que mantiene la doble penalización de los funcionarios. Si no se cambia, nos plantearemos movilizarnos». La doble penalización se traduce en que los agentes son castigados por hechos de la vida privada, por ejemplo dar positivo en una alcoholemia- tanto en la vía penal como en la administrativa.

Hace unos días el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se reunió con los sindicatos para explicarles el proyecto. En el mismo figuraba una medida que puso los pelos de punta a los funcionarios: estaba previsto admitir las denuncias anónimas contra cualquier policía. Según el Ministerio, ya no está en el texto.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró ayer que esta reforma ha sido «querida tanto por los sindicatos del Cuerpo como por el Gobierno y beneficiará a los ciudadanos» al mejorar el «ánimo y motivación» de los agentes.

Algunos de los 51 artículos que constan en el anteproyecto no parecen encaminados a incitar esa motivación pues a los tipos anteriores se unen nuevos supuestos como la utilización ilegítima de videocámaras o de medios policiales para otros cometidos.

Fuente: ABC