Primer domingo tras el anuncio de alto el fuego de ETA. En Portugalete, localidad vizcaína gobernada por el PSOE, el buen tiempo acompañaba la euforia que sentían muchos vecinos por el final de la violencia. Uno de los concejales socialistas decidió prescindir de sus dos escoltas, que llevaban cuatro años pegados al político. La mañana se presentaba magnífica y el concejal quiso pasear, comprar el periódico y tomar un vino sin la sombra de sus guardaespaldas. Pero su valiente iniciativa se tornó en una pésima experiencia ya que varios grupos de ideología aberzale increparon al edil a su paso por una de las calles principales de Portugalete: “¿Y tus txakurras (significa perros, y es como llaman los aberzales a los miembros de las fuerzas de seguridad y a los escoltas privados)?. Carcelero, torturador, fuera de Euskadi, vete a tu país”.

Esto es lo más suave que vocearon al concejal, relatan a interviú fuentes cercanas a los escoltas del político. Éste soportó estoicamente los insultos, y lejos de amedrentarse, solicitó de manera oficial a su formación política que le fuera retirada la protección, pero el Partido Socialista de Euskadi se lo denegó. El alcalde de Portugalete, Mikel Cabieces, asegura no tener constancia de este episodio.

En el nuevo escenario creado en el País Vasco tras el anuncio de alto el fuego de ETA, con bastante frecuencia se están dando casos similares al de Portugalete. Al parecer no se ha llegado a la agresión física, pero los insultos se han intensificado. En otros casos menos violentos, ha ocurrido que al entrar un cargo público en una tienda que suele frecuentar, el tendero le ha recriminado: “A ver cuándo deja usted la escolta, para dar ejemplo”.

Pero, pese a las increpaciones del entorno aberzale, crece el goteo de políticos y jueces, entre otros, que están prescindiendo de sus escoltas, en un intento de vivir con normalidad. Según fuentes de compañías de seguridad privada consultadas por esta revista, de las 1.030 personas escoltadas en el País Vasco, son ya una treintena las que han prescindido de sus guardaespaldas. Se puede hacer de dos maneras: o bien firmando un documento que exime al Ministerio del Interior o al Gobierno vasco de cualquier responsabilidad en caso de que el cargo público fuera objeto de un atentado terrorista o de cualquier agresión, o simplemente dejando de llamar a los escoltas; es decir, salir de casa sin contar con ellos.

En este contexto, se da la paradoja de que la paz ansiada por muchos vascos supone un motivo de preocupación para otros pocos. Éstos son los escoltas privados. Ellos dan la bienvenida al alto el fuego, pero la preocupación por sus empleos no les deja dormir. Son unos 1.800 los escoltas privados que trabajan en estos momentos en el País Vasco, según datos de ASES (Asociación de Escoltas de España), protegiendo a personas amenazadas por ETA.

De ellos, unos 360 son nacidos en el País Vasco, y son éstos los más desesperanzados por su futuro, pues consideran que ya están marcados en sus barrios y que, por tanto, les será muy difícil conseguir otros empleos. De ello está convencido Ismael (nombre ficticio), de 33 años, nacido en San Sebastián y padre de tres niños. “Los escoltas de fuera de Euskadi se marcharán tarde o temprano, cuando no haya trabajo, pero nosotros nos quedaremos –dice Ismael, que protege a un concejal del PP–; aquí están nuestras familias. Ya nos conocen en nuestros barrios. El entorno nacionalista no nos quiere”.

La ruptura de la anterior tregua de ETA, a finales de 1999, propició un boom de la seguridad privada en el País Vasco, un negocio que ha ido creciendo hasta alcanzar unos beneficios, en 2004 (últimas cifras conocidas), de casi 3.000 millones de euros. Ismael se hizo escolta ese año; antes trabajó de vigilante de seguridad. “Desde entonces no me ha faltado el empleo. No se gana tanto dinero como dicen por ahí. Son unos 3.000 euros al mes, pero que incluyen las pagas, prorrateadas y pluses, echando muchísimas horas, arriesgando mucho”, indica. Tanto Ismael como otros compañeros vascos se alegran por el final de la violencia, pero piensan que “la Administración debería recolocarnos”.

No sólo eso. Roberto, escolta privado nacido en Bilbao hace 34 años, soltero, cree que su colectivo se merece reconoci- miento, gratitud: “Siempre hemos dado información a la policía y a la Ertzaintza. Hemos abortado centenares de atentados al disuadir a los terroristas con nuestra presencia o localizando bombas lapa en los coches”.

En este sentido, la Asociación Nacional de Guardias Civiles Marqués de las Amarillas, que agrupa a 6.400 agentes y a sus familiares, y que vela por los intereses de sus miembros, ha realizado una propuesta al ministro del Interior para que se les conceda la Medalla al Mérito Policial, o una similar, a los escoltas que trabajan en el País Vasco: “De alguna manera hay que reconocer su trabajo”, dice Juan Carlos Gabriel, presidente de la asociación, un guardia civil veterano en la lucha antiterrorista.

Los escoltas privados piden que el Estado los absorba como parte de los Cuerpos y Fuerzas de su Seguridad. David (nombre ficticio), guardaespaldas nacido en San Sebastián, expone un caso francés: “Hace cuatro o cinco años, en el País Vasco francés trabajaban unos cien escoltas privados franceses. Su gobierno se dio cuenta de que el conflicto etarra iba para largo y que le resultaba muy caro seguir pagando a empresas privadas. Así que el gobierno hizo de su plantilla a esos escoltas”. Juan Carlos Gabriel, a través de su asociación, ha solicitado a la Federación de Municipios Españoles que los escoltas que trabajen en Euskadi tengan preferencia para optar al 25 por ciento de las plazas vacantes de las policías locales de toda España.

El Gobierno vasco y el Ministerio del Interior, responsables de la seguridad de las personas amenazadas en el País Vasco, han recomendado que los escoltados mantengan las mismas medidas de seguridad. Patxi López, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, parece haberse tomado en serio esa recomendación, y en un mitin que dio el pasado 6 de abril en Gallarta (Vizcaya), una localidad de la cuenca minera, apareció con cinco escoltas, cuando él lleva habitualmente tres, pertenecientes a la Ertzaintza, según relatan a esta revista guardaespaldas cercanos al dirigente socialista.

Las empresas de seguridad se muestran tranquilas, pese al desempleo que vaticinan los escoltas privados. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), constituida por las quince principales empresas de seguridad, afirma que si el porcentaje de los servicios desciende la actividad económica de las empresas no se verá afectada, “ya que esos trabajadores, vigilantes de seguridad que realizan funciones de escoltas, seguirían trabajando en otras de nuestras áreas”.

Vicente de la Cruz, presidente de ASES, la asociación mayoritaria de escoltas, rechaza esa posible solución: “La realidad del mercado de la seguridad es que las empresas lo han inundado de una figura que llaman auxiliar de servicios, que es personal intruso en la profesión, más barato”. Parece que se avecinan malos tiempos para los escoltas.

Fuente: Interviu