El Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia dictada por la Sección primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya que condenó a cinco personas por agredir a varios ertzainas en la calle Autonomía de Bilbao durante una manifestación de la izquierda abertzale celebrada en 1997. La resolución del Alto Tribunal confirma la existencia de un defecto procesal, al no haberse puesto en conocimiento de uno de los acusados un recurso que interpuso el fiscal durante el proceso. La decisión obliga a retrotraer las actuaciones de la Audiencia a ese punto y, por lo tanto, a repetir tanto el juicio como el consiguiente fallo.
Los sucesos juzgados ocurrieron el 15 de febrero de 1997, durante una marcha convocada por la entonces denominada Herri Batasuna en protesta por el encarcelamiento de su dirección, que había motivado un servicio especial de la Ertzaintza con el fin de evitar alteraciones del orden público. El fallo de la Audiencia recordaba que uno de los vehículos policiales se detuvo en la calle y «un numeroso grupo de manifestantes comenzó a lanzar objetos contra la furgoneta».
Según el relato de hechos considerados probados por la sentencia ahora revocada, los ertzainas «fueron rodeados por gran número de personas, y parte de los agentes que los ocupaban bajaron de los vehículos para formar un cordón policial de protección en las zonas frontal y lateral de las furgonetas». En esos momentos, varios manifestantes «empezaron a insultar a los policías y a proferir amenazas, antes de lanzarles objetos contundentes que alcanzaron tanto a los funcionarios como a los vehículos».
En un principio, el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao, y después la Sección Primera de la Audiencia de Vizcaya, condenaron a cinco personas a penas de tres años y nueve meses de prisión como autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Además, ordenaron que se indemnizara a los agentes por las lesiones que sufrieron y al Gobierno vasco, por los daños en las dotaciones policiales y el material antidisturbios.
Al recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal, no comunicaron las alegaciones del ministerio público a uno de los condenados, lo que, según el Tribunal Constitucional, «ha vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva», que exige que no se produzca indefensión. El Alto Tribunal recuerda que el derecho de defensa supone «la posibilidad de contradecir las alegaciones de las partes acusadoras de un proceso» y que, si no se facilita copia del recurso del fiscal, «no pueden discutirse sus alegaciones». Además, reprocha a la Audiencia vizcaína no haber estimado oportuna la celebración de vista en el recurso de apelación, «de forma que la primera noticia que tuvo el demandante de amparo de la apelación adhesiva formulada por el fiscal fue cuando se le notificó la sentencia».
El Constitucional insiste en que «la adecuación al derecho a la tutela judicial efectiva», con rango constitucional por estar regida en el artículo 24 de la Carta Magna, «está condicionada a que exista la posibilidad de debatir y contradecir las pretensiones en ella formuladas». Este principio garantiza que las partes implicadas en un litigio tengan la misma oportunidad de defenderse, «con posibilidad de rebatir las pretensiones y la fundamentación».

Fuente: El correo digital