La Confederación Española de Policía (CEP), un sindicato del que no se le conoce ninguna representación en la Jefatura Superior de Policía (más del 80 por ciento de los agentes destinados en Melilla están afiliados al Sindicato Unificado de Policía -SUP- y el resto a la Unión Federal de Policía -UFP- y otras organizaciones sindicales de forma testimonial), ha hecho una propuesta cuanto menos polémica y fuera de lugar.

La CEP, que se ha dado a conocer a nivel nacional con sus críticas a las políticas contra la inmigración irregular llegada a Canarias desde el África subsahariana, especialmente en medios ultraconservadores, pide que los opositores a la Policía Nacional con nombres musulmanes de Melilla y Ceuta -por el mero hecho de llamarse Mohamed o Mimón y no Francisco o José-, demuestren que no son integristas islamistas para ser policías. Es decir, por llamarse de una determinada manera -no tiene por qué confesar religión alguna pero por su nombre estará marcado con una cruz, a juicio del CEP-, puede suponer un peligro, como si el terrorismo, la corrupción y las prácticas deshonrosas en el Cuerpo Nacional de Policía o en cualquier otro cuerpo de seguridad o ámbito de la vida, estén ligadas forzosamente a una determinación creencia religiosa.

El sindicato policial hace un flaco favor a esta ciudad, al intentar poner la sombra de la duda sobre todos los jóvenes de origen musulmán que aspiran a convertirse en agentes del orden al demandar al Ministerio del Interior que se establezca un protocolo de tal manera que los miembros del tribunal opositor que examina a los futuros agentes tengan informaciones oficiales que les permitan despejar cualquier sospecha hacia los futuros aspirantes sobre su posible pertenencia a movimientos radicales islamistas en el momento de someterse a la prueba de la entrevista personal. La propuesta especifica, incluso, cómo deben ser los informes de los que deben disponer los examinadores: los que figuren en los archivos de las Comisarías de Policía de Ceuta y Melilla sobre los opositores de estas ciudades, los que obren en los Estados Mayores de las Comandancias Militares de ambos puntos y los que obren en las comandancias de la Guardia Civil.

La CEP se ha planteado llevar al Consejo de Policía esta petición después de comprobar que 434 solicitudes, de las 5.550 plazas de la última convocatoria publicada en el BOE el pasado 5 de junio y que sigue en curso, eran de jóvenes que profesan la religión musulmana (lo que representa más del 8 por ciento) y principalmente provenían de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, "una circunstancia en la que, hasta ahora, no se había reparado" señala.

El sindicato basa, además, su petición en las inquietantes informaciones que, a su juicio, han aparecido durante los últimos meses en varios medios de comunicación relativas a las ciudades autónomas, donde "se vienen produciendo desde hace tiempo una serie de acontecimientos insólitos". El documento pone como ejemplos el que se tuviera conocimiento de que jóvenes españoles de Ceuta participaran en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos; el hecho de que recientemente se descubriera que un grupo radical islámico tuviera la intención de asaltar un polvorín militar de Ceuta para iniciar una campaña terrorista.

El portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán, quiso arreglar ayer la "metedura de pata", como bien calificó el delegado del Gobierno, que su sindicato cometió el día anterior y, en declaraciones a La Razón, señalaba que las medidas pedidas por su sindicato intentan "evitar que entren integristas en el Cuerpo Nacional de Policía porque es perjudicial y porque pretendemos proteger la imagen de los que están dentro de la Policía. Queremos evitar lo que ya ha ocurrido en las Fuerzas Armadas". Además, dijo que tratan de "defender a la comunidad musulmana moderada que trabaja en la Policía".

Las reacciones en la ciudad no se hicieran esperar, en primer lugar la de la Asociación Intercultura, que calificaba la petición como islamófoba, y ayer encontraba la oposición rotunda del delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, y de un portavoz del Partido Socialista de Melilla; la ambigüedad calculada del diputado del PP Antonio Gutiérrez y la falta de pronunciamiento de CpM.

Fuente: Melilla Hoy