La AUGC, organizadora de la marcha de 3.000 guardias civiles uniformados en Madrid, anuncia que su movilización «ya no tiene vuelta atrás»

La crispación que actualmente vive la Guardia Civil nace del desencanto. El actual ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se reunió el 5 de enero de 2004 con 1.500 miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y, como candidato socialista, se comprometió a «desmilitarizar» el cuerpo. Esta promesa jamás se incorporó al programa electoral del PSOE y ni siquiera se mencionó en la campaña de las generales de ese año. Pero su eco todavía resuena en la Guardia Civil.

El sábado 20 de enero, más de 3.000 agentes se manifestaban de uniforme en la plaza mayor de Madrid convocados por la AUGC, en un acto sin precedentes: suponía la primera reclamación efectuada de forma pública por agentes uniformados, pero también un evidente acto de indisciplina. El grito más escuchado fue: «Zapatero embustero».

El acto ha despertado un terremoto cuyo alcance final es difícil de prever. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se vio obligado a rectificar tras haber asegurado en un principio que no había ninguna ilegalidad en la concentración. Según distintas fuentes, las presiones de los generales del instituto armado, que llegaron a comparar la manifestación con el 23-F, forzaron el cambio de postura. A partir de ese momento, el Gobierno pasó de tolerar el acto a anunciar la apertura de expedientes disciplinarios a sus principales impulsores -Joan Miquel Perpinya y Juan Antonio Delgado- y a preparar actuaciones administrativas contra una treintena de miembros de la AUGC. Ante el anuncio, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, advirtió de que sus miembros se manifestarían, también de uniforme, si prosperaban las sanciones contra los guardias civiles. La Unión de Oficiales -que agrupa a los mandos del instituto armado- también se ha solidarizado con los agentes.

«No teníamos otro remedio que tomar este tipo de medidas», afirman los portavoces de la AUGC a la hora de explicar la manifestación del 20 de enero y la decisión de acudir uniformados. «Veíamos que iba a pasar de largo una legislatura sin que se tomase una sola decisión para mejorar la calidad de vida de la Guardia Civil», añade el portavoz, que, a raíz de la apertura de expedientes, solicita que no aparezca su nombre. Según su visión, el acto celebrado en la Plaza Mayor de Madrid «fue un ejemplo de normalidad democrática, puesto que no hubo ningún incidente ni problema de orden público».

Luis Roldán

La AUGC -mayoritaria en el cuerpo y que acoge, según sus cifras, a uno de cada cuatro de los miembros del instituto armado- proviene de la denominada Coordinadora pro perjudicados por la gestión de Luis Roldán y la Corrupción (Coproper), un grupo creado en 1994 y que, a su vez, procedía del clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Durante el último mandato de Felipe González, la Coproper fue tolerada y funcionó con relativa normalidad, aunque sin conseguir nada parecido a una representación de los agentes -y mucho menos a una delegación sindical-. La AUGC recibió un espaldarazo en 1998, cuando la Audiencia Nacional consideró que no sólo era legal, sino «altamente saludable».

El diagnóstico que ha movido a la AUGC a organizar su campaña de protestas parte de que la Guardia Civil se encuentra «en uno de los momentos más bajos de su historia». «Los cuarteles están en ruina y los medios con los que tenemos que trabajar son cada vez más deficientes», indican. Según datos que baraja la asociación, el índice de suicidios en el instituto armado se ha disparado y se produce «una muerte cada diez días». De manera paralela, los sueldos no se equiparan con los del Cuerpo Nacional de Policía y están a años luz de las fuerzas autonómicas. Pero la AUGC destaca que su movilización no se entendería sin la decepción que les ha provocado el PSOE. «Teníamos muchas esperanzas puestas en Zapatero», reconocen los dirigentes de un colectivo que en su día fue considerado pro socialista.

«Hablaron de una desmilitarización del cuerpo, pero, por contra, hemos tenido una remilitarización. No hay que olvidar que el primer director con el Gobierno socialista fue el general del Aire Gómez Arruche», señalan. Además, critican la creación de tres nuevos puestos de teniente general dentro del cuerpo, lo que aumenta el escalafón militar. «La brecha entre bases y mandos es cada vez mayor», aseguran.

Los agentes tienen ahora sobre la mesa el proyecto de modificación del régimen disciplinario, una de las promesas socialistas junto con la Ley de Derechos y Deberes y una regulación de las asociaciones. El cambio de reglamento prevé la eliminación del arresto y la limitación de la aplicación del Código Penal Militar a las «funciones militares». Según el criterio de la AUGC, este cambio no es suficiente, «puesto que si no se aclara antes cuáles son las funciones militares es difícil saber hasta dónde alcanza el cambio». Además, la asociación considera que esta decisión era obligada después de que, en noviembre, el Tribunal de Estrasburgo considera improcedentes los arrestos militares en la Guardia Civil. Según la AUGC, desde esa fecha, ya existía una circular interna firmada por el actual director de la Guardia Civil y la Policía, Joan Mesquida, que pedía el fin de los arrestos. La AUGC, no obstante, considera insuficiente el cambio y afirma que seguirá luchando. «Nuestra movilización ya no tiene vuelta atrás», mantienen.

Fuente: El Correo Digital