Los ayuntamientos podrán acceder a bases de datos que siguen vedadas a la Ertzaintza y a los Mossos.

Los 55.000 policías locales de España (todos, excepto los de Cataluña y País Vasco) podrán tener funciones de policía judicial e investigar delitos menores si sus ayuntamientos lo quieren. El Ministerio del Interior ha elaborado un minucioso catálogo de infracciones que los municipales tendrán potestad para resolver, sin que en ningún momento intervengan ni el Cuerpo Nacional de Policía y ni la Guardia Civil, un requisito imprescindible hasta ahora.

La elaboración de este catálogo, que era desde hace casi tres décadas uno de los puntos más conflictivos en todos los modelos policiales, es el aspecto más importante del nuevo Convenio de Cooperación y Coordinación de Seguridad Ciudadana y Vial firmado por el titular de Interior , Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego. El acuerdo, apoyado por alcaldes de todos los colores políticos, abre las puertas a que Interior ceda a cada ayuntamiento la instrucción policial de la denominada "delincuencia en territorio próximo".

Los tipos penales que podrán ser competencia exclusiva de los consistorios que los soliciten son catorce: faltas penales, lesiones sin hospitalización, violencia de género, delitos contra las relaciones familiares, quebrantamientos de condenas y comprobación de órdenes de alejamiento, hurtos, recuperación de vehículos, delitos contra el patrimonio municipal, mercadillos ilegales y "top manta", defraudaciones de fluido eléctrico, delitos contra la seguridad del tráfico, omisión del deber de socorro y daños en mobiliario urbano.

Una vez firmado el acuerdo marco, los municipios deben ponerse en contacto con Interior para suscribir un acuerdo particular. Las juntas locales de seguridad de los ayuntamientos que entren en este programa tendrán listo en seis meses un "plan local de seguridad" en el que se especificará de qué infracciones se hará cargo el ente local y cuáles seguirán siendo potestad de los cuerpos estatales.

Además, el convenio recoge la creación de la Comisión Estatal de Seguridad Local, un foro semestral y paritario copresidido por el secretario de Estado para la Seguridad y el presidente de la FEMP. En esta comisión se estudiarán los problemas que se provoquen a la hora de aplicar el convenio.
Bases de datos

El protocolo abre la puerta a que los ayuntamientos y sus policías accedan al Sistema Integrado de Bases de Datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los archivos recién unificados de la Policía y la Guardia Civil. Estos ficheros, a pesar de las continuas reclamaciones, siguen parcialmente vedados a la Ertzaintza (que sólo puede entrar a las bases de crimen organizado) y a los Mossos d" Escuadra (con permisos para crimen organizado y huellas).

Responsables del Ministerio del Interior aclararon que, aunque el convenio dé libre acceso a las bases, las policías locales sólo podrán consultar los datos que les sean necesarios para aclarar delitos menores y que, de ningún modo, accederán a informaciones de seguridad nacional o de la lucha antiterrorista. Fuentes de Interior explicaron que se estudia la posibilidad de que los ayuntamientos puedan entrar ficheros de huellas, antecedentes penales, vehículos robados y DNI.

Interior no cree necesario que la incorporación de las policiales locales a estos archivos conlleve cambios en la Ley de Protección de Datos. Tampoco considera que haya que reformar las leyes de régimen local y de fuerzas de seguridad para atribuir a las policías locales la investigación de estos delitos menores.


Fuente: www.heraldo.es