Queda lejos esa imagen de miles de guardias civiles tiñendo de color verde esperanza la Plaza Mayor de Madrid el pasado 20 de enero. Poco después el Gobierno reconocía la razón de sus demandas admitiendo que la situación de los guardias civiles debía modernizarse, plasmándolo en dos proyectos de ley que remitió a las Cortes Generales para reformar dicho Instituto y dar paso así (según palabras del propio Ministro de Interior) a la Guardia civil del siglo XXI.

Aunque esa fecha del 20 de enero parece ya muy lejana para muchos, no lo es para los veintiún guardias civiles que fuimos expedientados por “falta muy grave”.

Durante estos meses de verano (supongo que aprovechando las vacaciones) se han ido cerrando la instrucción de dichos expedientes, siendo ahí donde radica el gravísimo agravio comparativo. Los guardias civiles volvemos a ser tratados con diferente rasero, a nosotros se nos aplica “otra” vara de medir. Las diferentes propuestas de resolución, ya notificadas, para todos se mantienen la categoría de “falta muy grave” (entre otras cosas por la alarma social que provocó dicho acto) y proponen sanciones que van desde la expulsión y el año de suspensión de empleo para los expedientados que forman parte de la Junta Directiva Nacional de AUGC; y del año, nueve meses, seis y tres meses de suspensión en el empleo para los expedientados que son Stº Generales Autonómicos o Provinciales. Inaudito ¿ALARMA SOCIAL?, ¿SANCIONES EJEMPLARIZANTES? ¿FALTA MUY GRAVE?...

Viene a mi memoria la manifestación protagonizada por nuestros compañeros del Cuerpo Nacional de Policía el pasado mes de noviembre, también en Madrid; cortaron el Paso de la Castellana y protagonizaron (saltándose el itinerario) una sentada ante el Ministerio del Interior. Aquel hecho se saldo con expedientes por falta muy grave para los organizadores de la manifestación. Pero curiosamente, meses después, tras varios acuerdos alcanzados en el Consejo de la Policía, dichos expedientes por falta muy grave fueron archivados.

Recuerdo también la Pascua Militar del 2006; día 06 de enero, Sala de Armas de la Capitanía General de Andalucía, su Capitán General, el Teniente General Mena, vestido de uniforme, haciendo uso de su rango y cargo, ante numerosas autoridades civiles de la comunidad y todos los mandos militares de la Región leyó un discurso en el que advertía de los peligros que corría la unidad de España ante la posible aprobación del Estatut de Catalunya y recordaba él titulo 8ª de la Constitución y que como militares estaban obligados a cumplir; dice que las FAS son las garantes de la unidad de España. ESO SI QUE CREÓ ALARMA SOCIAL, ESO SI QUE ERA UN HECHO MUY GRAVE; pero se saldó inexplicablemente con la apertura de un expediente disciplinario por falta leve y un día de arresto.

También recuerdo como a mediados de los ochenta fueron expedientados y procesados numerosos compañeros del ahora CNP por pedir la desmilitarización de la policía y libertad sindical para sus agentes, mediante comunicados, ruedas de prensa y concentraciones vestidos de uniforme: Meses después cuando su legislación cambió, todos aquellos expedientes y procesos abiertos contra los agentes, fueron archivados.

Incluso la transición democrática española, se saldó con la amnistía general del año 1977, en la que hasta destacados terroristas de ETA se beneficiaron de ella. Al poco tiempo, también, los militares de la Unión Militar Democrática UMD fueron restituidos en sus empleos y unidades.

Y ahí es donde radica el diferente trato, el agravio comparativo que se esta ejerciendo contra los guardias civiles.

Al parecer la concentración del pasado 20 de enero en Madrid “creó alarma social”; es un hecho gravísimo que no puede permitirse. RECORDAD: Capitán General de Andalucía, Tte. General Mena, por sus declaraciones de uniforme haciendo uso de su rango y cargo, ante Todas la Autoridades Civiles y Militares “FALTA LEVE”, al parecer no debió crear alarma social, nosotros sí.

La concentración realizada el pasado 20 de enero en Madrid, fue totalmente democrática, pacifica, sin armas y no creó ninguna alarma social, fue una movilización de “trabajadores” pidiendo la equiparación de sus derechos, reclamando constitución y democracia para la Guardia Civil.

Por todo ello dichas propuestas de sanción, están fuera de lugar, más aun cuando el pasado mes de junio fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y la ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles, las cuales otorgan una serie de derechos a este colectivo, entre ellos, el de manifestación, representación y la propia legalización de las Asociaciones, otorgándoles un marco legal de actuación.

La “transición democrática” en la Guardia Civil ha comenzado con la aprobación de las mencionadas leyes, pero esta no puede saldarse con victimas que se han destacado por luchar y conseguir dichos derechos como son nuestros compañeros expedientados. Dichas propuestas de sanción, de materializarse; irían dirigidas contra toda la Asociación Unificada de Guardias Civiles y en general, contra todo el movimiento asociativo de la Guardia Civil.

Por ello, no cabe más que el archivo de “todos” los expedientes abiertos contra sus representantes durante los últimos años por actividades y declaraciones que han conllevado a la conquista de estos derechos, tenemos de nuestra parte a los 25.000 compañeros y compañeras, a asociaciones amigas, a sindicatos, muchos partidos políticos, etc. La sociedad entera nos comprende y nos apoya.

De no archivarse los expedientes, el Gobierno estará “cerrando en falso” la tensión y conflictividad existentes en la Guardia Civil.

Una vez aprobadas definitivamente las leyes, la sociedad española y los guardias civiles no entenderían otra cosa que el archivo de los expedientes.



Jesús Molíns Guitarte
Stº General AUGC-ARAGON




Fuente: www.elfaroverde.com 28/08/07