El mayoritario SUP apoya el texto, aunque advierte de los problemas en las nuevas formas de cacheo La directiva se enmarca entre las iniciativas para respetar al detenido

El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho aseguró que la nueva directiva sobre detenciones aprobada por su departamento era «imprescindible» porque la Guardia Civil y la Policía Nacional necesitaban un nuevo «marco legal para evitar la arbitrariedad, discrecionalidad y los excesos policiales».

El número 2 del Ministerio del Interior y responsable de la reforma destacó que el nuevo texto busca, además de la protección de los ciudadanos, establecer «criterios claros para garantizar la seguridad jurídica de los agentes durante sus actuaciones».

Camacho insistió en esos aspectos «garantistas» de la nueva normativa con respecto a los detenidos. «Se trata de recordar a las fuerzas de seguridad que cualquier arresto debe respetar de manera muy escrupulosa los derechos de los ciudadanos», señaló el secretario, quien explicó que su departamento, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha trabajado durante un año para sacar adelante la directiva.

Las nuevas órdenes no responden a un aumento en el número de denuncias de malos tratos, vejaciones o torturas en sede policial, según el secretario de Estado, que resalta que «estamos en los parámetros de los países de nuestro entorno, pero esto no quiere decir que no tengamos la obligación de mejorar las garantías de los detenidos, como ahora hemos hecho con el protocolo».

Identificaciones

La nueva directiva se enmarca dentro del grupo de iniciativas de Interior para potenciar el respeto a los derechos de los detenidos, como la elaboración de nuevas instrucciones sobre trato a menores o a extranjeros. Interior ha ordenado clausurar esta legislatura 196 centros de detención (calabozos en su mayoría) por entender que no reunían las medidas mínimas de confort y salubridad. Y en los últimos cuatro años, la Subdirección de Inspección ha doblado su número de efectivos para aumentar la vigilancia sobre posibles excesos policiales.

El Secretario de Estado, en coordinación con la Audiencia Nacional, está valorando la posibilidad de introducir cámaras de vigilancia en las salas de interrogatorios y calabozos en casos de detenciones de terroristas y otros arrestados incomunicados, tal y como viene reclamando el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas.

El sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policia, el SUP, manifestó este viernes su apoyo al nuevo texto. El secretario general de la central, José Manuel Sánchez Fornet, aseguró que la directiva «es muy positiva». «El SUP -explicó- apoyará siempre que cualquier iniciativa que sirva para garantizar los derechos de los ciudadanos, porque hasta el mayor delincuente tiene sus derechos que deben ser escrupulosamente respetados».

A pesar del apoyo al nuevo texto, Sánchez Fornet denunció que algunos aspecto concretos de la directiva no convencen al sindicato por su «falta de concreción», que puede dar lugar a la desprotección de los agentes.

El hecho de que a partir de ahora cualquier «documento oficial» sirva como identificación, según el SUP, acarreará problemas por la «indefinición» del término «documento oficial». Sánchez Fornet se preguntó si un simple abono de transporte con fotografía expedido por un ayuntamiento puede considerarse un documento válido.


Fuente: La Voz Digital