Los Mossos d´Esquadra se encargarán a partir del próximo año de la inspección, el control y las sanciones de las empresas de seguridad que operen en Catalunya. El Ministerio del Interior y la Generalitat suscribieron ayer un convenio en el marco de la Junta de Seguridad de Catalunya, que presidió José Montilla y a la que asistieron el ministro del ramo, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el conseller de la misma materia, Joan Saura.

El convenio no solo da respuesta a un mandato emanado del nuevo Estatut sino la materialización de una vieja aspiración de la Generalitat. La policía autonómica se encargará de la autorización de actividad a todas aquellas empresas de seguridad que tengan su domicilio social en Catalunya y cuyo ámbito de actuación no supere el territorio catalán. Donde no habrá diferenciación será respecto a la labor inspectora y sancionadora de todos los servicios de seguridad privada que se desarrollen en Catalunya con independencia de dónde tenga la compañía en cuestión su domicilio social. Otro aspecto importante será en el terreno de la formación. Cualquier centro especializado que quiera operar en Catalunya deberá contar con la autorización de los Mossos.

La policía autonómica tendrá acceso, por tanto, al registro general de empresas de seguridad, al del personal de seguridad privada y al registro de detectives privados.

El sector de la seguridad privada lleva años de permanente expansión en toda España. El número de servicios se han multiplicado y diversificado notablemente. El futuro, según algunas experiencias recientes, todavía puede deparar nuevas aplicaciones. El patrullaje privado que, de facto, ya llevan a cabo algunas urbanizaciones de Catalunya afectadas por un incremento de los robos, como en Valldoreix, es un campo que se abre. Aunque las administraciones son contrarias a este servicio privado de seguridad, las empresas conocen el modo de demostrar que son una especie de serenos que vigilan las casas y no las calles, que es materia exclusiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los Mossos serán ahora los que autoricen este tipo de servicios y no la Delegación del Gobierno como venía ocurriendo hasta ahora.

Joan Saura se refirió ayer a los índices delincuenciales. Reconoció, junto a Pérez Rubalcaba, que el número de delitos creció en Catalunya el último año un 1,71% pero lo relacionó con el incremento de la población, un 1,5%, lo que le permitió hablar de "estabilización". Resaltó, eso sí, que los delitos contra las personas habían bajado un 11,18% y que eran los hurtos los que rompían la estadística al subir un 6,8%.


Fuente: www.lavanguardia.es