Los auxiliares de mosso d'esquadra no serán policías, pero trabajarán en la policía. En el ejercicio de su actividad, que incluirá misiones como la vigilancia exterior de centros penitenciarios y el traslado de presos, tendrán la condición de agentes de la autoridad. Y eventualmente podrán ir armados. La nueva ley del sistema de policía de Catalunya, que se halla en fase de anteproyecto y que el Govern espera llevar al Parlament en otoño, establece la creación de esta nueva categoría profesional que permitirá, por un lado, liberar a los miembros de la escala básica de los Mossos de la prestación de servicios de carácter complementario, como la entrega de comunicaciones judiciales, y, por otro, reducir la necesidad de recurrir a contratos privados para cubrir determinadas tareas.
La Conselleria d'Interior, que dirige Joan Saura, ha hecho llegar a principios de esta semana el último borrador de la ley de policía a los grupos de la Cámara catalana, a los demás departamentos de la Generalitat y a los municipios, a fin de empezar las negociaciones para avanzar hacia un principio de consenso. La previsión de Interior es que el trámite parlamentario se inicie en noviembre, una vez aprobado el proyecto por el Consell Executiu, de modo que la ley pueda entrar en vigor a principios del 2009.

Una de las novedades más llamativas del extenso anteproyecto --104 artículos y 12 disposiciones adicionales-- es la creación de la categoría de auxiliar de mosso d'esquadra, una figura que ya existe en algunas policías locales catalanas y que se basa en el modelo del Reino Unido, donde algo más del 30% del personal que trabaja en la policía son funcionarios públicos que desempeñan tareas no estrictamente policiales.
El texto elaborado por Interior prevé que los auxiliares presten servicios de vigilancia y custodia de edificios e instalaciones, traslado judicial de detenidos, traslado de presos, vigilancia exterior de centros penitenciarios, asistencia y apoyo en temas de tráfico, traslado y custodia de menores, notificaciones y otras comunicaciones judiciales y ejecución forzosa de actos administrativos, entre otros.

MILES DE HORAS

La posibilidad de que los auxiliares releven a los policías en el cumplimiento de estas funciones no es un asunto menor. Desde su despliegue en Barcelona, el 1 de noviembre del 2005, los Mossos d'Esquadra han venido denunciando que cada año las patrullas invierten miles de horas de trabajo en cumplimentar los trámites burocrá-
ticos que les encargan los juzgados de la ciudad (notificar personalmente a un ciudadano que debe presentarse en un juicio como denunciante, denunciado o testigo, por ejemplo). Se trata de un servicio que, sostienen los agentes, no les corresponde a ellos, sino a los funcionarios judiciales, pero que estos, a causa de su reducido número, pueden prestar solo de forma parcial.
Y esta sería solo una parte del trabajo reservado a los auxiliares. No es extraño, por lo tanto, que los responsables de Interior consideren que serán varios centenares los funcionarios que ya desde un inicio quedarán adscritos a esta nueva categoría. El anteproyecto de ley establece que el acceso a las plazas de auxiliar de mosso se hará por el sistema de oposiciones y requerirá haber superado un curso específico de formación organizado por el Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Si un auxiliar desea optar a ocupar una plaza de agente, deberá pasar por el mismo proceso de selección que cualquier otro ciudadano, sin que su pertenencia a la plantilla de los Mossos d'Esquadra le represente en este caso privilegio alguno.

ESCALA DE APOYO

Los auxiliares de policía quedarán encuadrados en la denominada escala de apoyo, cuya creación fue precisamente aprobada ayer por el Parlament con el propósito de dar cabida al personal facultativo y técnico que trabaja para los Mossos d'Esquadra pero que, al no pertenecer a ninguna de las escalas existentes hasta ahora (básica, intermedia, ejecutiva y superior), quedaba desposeído de sus derechos sindicales al no poder participar en la elección de representantes del Consell de la Policia de la Generalitat.
La medida, que modifica la ley de los Mossos d'Esquadra de 1994 (norma que será sustituida por la nueva ley cuando esta se apruebe), contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios con excepción de CiU, que se abstuvo tras presentar una enmienda que fue rechazada.