El periódico la Provincia presenta, en la sección Dominical de 6 de julio de 2008, un generoso reportaje en el que se comenta ampliamente y además se magnifica, en tono negativo y con cierto desdeño, la ley por la que se crea el Cuerpo General de la Policía Autonómica que hace algún tiempo el pleno del Parlamento de Canarias aprobó con los votos de Coalición Canaria y el Partido Popular. Este logro para unos y desatino para otros del Gobierno Autónomo, viene precedido de un largo, que no gran, debate entre las diferentes fuerzas políticas canarias en el que se han puesto sobre la mesa numerosas manifestaciones en pro y en contra de la citada policía.

No voy a valorar el rosario de argumentos recurrentes que se esgrimen y que abonan el terreno del continuo enfrentamiento entre partidos y ciudadanía, no obstante; del citado artículo me quedo con una de las razones esgrimidas por el Sr. Pérez Ramos, y que me da pie a escribir el resto de la presente opinión, que dice: "si ya de por sí es complicado mantener coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil... y la desconfianza en la hora de pasar información". Es ésta, una aseveración que está en la mente de muchos y que quizás el citado Sr. Pérez la haya explicitado por accidente; el subconsciente a veces juega malas pasadas.

Puede que la creación de las policías autonómicas no sea en sus inicios todo lo eficaz y eficiente que debiera; pero es un comienzo y con él no sólo se planta una semilla, sino que además se da un paso de gigante para cambiar de forma progresiva del actual ordenamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En los albores del siglo XXI y a esta altura de nuestra no tan joven democracia, cabe preguntarse si éste es de verdad el sistema de protección pública deseable, un sistema que pervive de acuerdo a una herencia de estructuras de tipo centralista y que en la actualidad no se corresponden con la realidad administrativa del Estado Español cuasi federal; realidad que se concreta en la configuración y delegación de muchas competencias a través de las cuales disfrutamos de grandes cotas de autonomía.

Desde varios países de la U. E. no se alcanza a comprender la coexistencia de la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías autónomas y las Policías locales, amén de los diversos servicios de inteligencia, en la que cada una tiene sus propios criterios que difieren en su uniformidad y en la que muchas veces se duplican funciones y que son causa de la descoordinación y la dispersión de los recursos humanos y económicos; todo lo cual se traduce en una falta de de capacidad de gestión y en una merma de la rentabilidad del actual sistema.

Después de la importante evolución experimentada en los últimos 30 años y acorde con los tiempos que corren cabe preguntarse, ¿debiera cada autonomía tener la capacidad de poder gestionar la seguridad ciudadana en su propio territorio? Si la respuesta fuera afirmativa y se produjese una generalización de las policías autónomas sería preciso iniciar una reforma integral del presente sistema y avanzar hacia la creación de un modelo equilibrado en el que se contemplen tres ámbitos fundamentales de actuación el estatal (con una policía federal), el autonómico (con una policía propia desplegada dentro de su ámbito geográfico) y el local.

La Policía Autonómica Canaria nace con la oposición del PSOE, guardián de la quintaesencia del progresismo. La razón principal que se reseña: sus más que suspicaces dudas sobre la constitucionalidad de la misma por un exceso competencial. Personalmente me atrevería a sumar otra, que considero igual o más importante que la anterior, y es que dicho partido además de cohabitar perfectamente con el sistema parece encontrase cómodo y satisfecho con dicha situación; tan cómodo que no tiene interés alguno en "tropezar" y romper el orden estético del que también ellos forman parte.

Liduvino Fleitas es miembro del Consejo Política Insular de CC