Se trata de identificaciones y detenciones masivas de inmigrantes para echarlos de España que nada tienen que ver con actividades delictivas. Sólo responden a un cupo estadístico que forma parte de un plan elaborado para toda España por la Secretaría de Estado de Seguridad. Sin embargo, desde el ministerio del Interior va a intentarse cargar las tintas sobre la Jefatura de Madrid, pese a que la orden afecta a toda España.

Los sindicatos policiales Unión Federal de la Policía (UFP) y la Confederación española de Policía (CEP) presentaron el pasado 23 de enero un documento en el que se quejaban de la obligación a hacer detenciones masivas de inmigrantes incluso en las colas del paro, a madres que iban a buscar a sus hijos al colegio o las inmediaciones de centros consulares.

Según ha informado el portavoz de UFP los agentes de Policía "nunca actúan de motu propio" a la hora de detener a inmigrantes si no tienen pruebas de algún delito. Para proceder a su detención es necesario que se le den unas órdenes que "se reciben de un comisario que, a su vez ha recibido órdenes de un jefe superior, que asimismo ha recibido órdenes de la Secretaría de Seguridad del Estado".

La misiva que los sindicatos policiales enviaron a la Fiscalía General del Estado, también se la remitieron al Defensor del Pueblo y a todos los partidos políticos.

Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida preguntaron el pasado 10 de febrero al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, por estas detenciones ilegales, pero el titular de Interior negó la existencia de los cupos.