Los archivos arrojados en Tremañes proceden de un centro educativo e incluyen facturas por el pago de tasas de examen En bolsas de basura abiertas, entre sacos de escombro, aparecieron archivos enteros con facturas por el pago de tasas de examen, pruebas de test, fichas de matriculación, temarios, etcétera, procedentes de un centro educativo de preparación para oposiciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Documentación toda ella muy sensible, con el cuño del Ministerio del Interior y el sello de la Comisaría de Policía de Gijón, que dejaba a la vista datos personales de numerosos aspirantes que hicieron en su momento pruebas de ingreso y promoción en el Cuerpo Nacional de Policía.
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unto a las bolsas abiertas de las que sobresalían los papeles confidenciales había otras con hojas trituradas e ilegibles como se suele hacer en los protocolos de destrucción de este tipo de documentos. Los archivos fueron arrojados hace escasas fechas, ya que no estaban mojados y se encontraban en buen estado de conservación. Agentes de la Policía Local de Gijón se desplazaron ayer por la mañana a la escombrera ilegal para analizar el material hallado y, al ver in situ de qué se trataba, dieron aviso al Cuerpo Nacional de Policía, que procedió a ocuparse del asunto.
Fuentes del centro educativo de donde salieron los archivos responsabilizaban ayer de lo ocurrido a la empresa contratada para custodiar y destruir esos papeles. Al parecer, se trata de «personas de confianza» a las que se recurrió con motivo de unas reformas para ganar espacio en el centro formativo. «Adoptaremos las medidas legales oportunas para ir en contra de esta empresa», aseguraron las citadas fuentes.
La vigente Ley de Protección de Datos prevé sanciones desde 600 hasta 600.000 euros para aquellas empresas que cometan las infracciones más graves.
En los últimos años ha habido varios casos parecidos. La Agencia Española de Protección de Datos sancionó a un médico de Gijón, M. A. T., por haber arrojado en la vía pública -en la calle Libertad- envases de biopsias con datos de los pacientes. El hallazgo fue descubierto por la Policía en septiembre de 2008. El doctor fue multado con 60.101 euros por una infracción del artículo 10 de la Ley de Protección de Datos, tipificada como muy grave.
Pero el episodio de más trascendencia fue la reciente denuncia, aún sin resolver, que el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos presentó en la citada agencia contra la junta local del PP por tirar su archivo personal a la basura. Un gijonés lo recuperó de un contenedor de escombros ubicado en la acera donde se encuentra la sede del PP gijonés, en el Parchís.
En noviembre de 2003, aparecieron, también en un contenedor de basura, decenas de documentos confidenciales de clientes de Cajastur. Los papeles encontrados por un gijonés en la calle de Álvarez Garaya incluían información sobre operaciones de empresas y particulares e incluso figuraba una ficha con el nombre del presidente regional, Vicente Álvarez Areces.
